Corrupción: la cárcel, un poco más cerca

La Nación. 29 de noviembre de 2015.

La semana pasada, el líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado brasileño, Delcídio Amaral, fue detenido acusado del intento de obstruir las investigaciones en la petrolera estatal Petrobras, investigada por corrupción. El senador fue preso en pleno ejercicio de su cargo. En un claro mensaje antiimpunidad, Brasil se esfuerza por posicionarse como país transparente, aunque le queda un largo camino para lograrlo.

¿Cómo creen que el próximo gobierno va a encarar el tema de la corrupción pública y privada? Todavía no era Mauricio Macri el presidente electo ni Germán Garavano ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tampoco estaba Laura Alonso a cargo de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, hace pocos días ellos hicieron referencia al tema de la corrupción en el IV Encuentro sobre Ética y Compliance en Ucema.

El ex fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es hoy el designado Ministro de Justicia y fue categórico: "Hoy, no es costoso ser corrupto. El desafío del nuevo gobierno es aumentar los costos de la corrupción. Los corruptos tienen que correr más riesgos. Deben saber que pueden ser descubiertos, tener sanciones y la posibilidad de ir presos. Hoy esto no existe. Cualquier funcionario, empresario o persona vinculada a este tipo de delitos tiene una baja posibilidad de ser detectada y de ser sometida a un proceso. Es todavía menor y la posibilidad de ser condenada y detenida".

En este sentido, la posibilidad de ir a prisión es prácticamente inexistente. "Jaime, el funcionario con más causas, todavía no ha sido detenido", dijo Garavano

Para el ministro de Justicia a partir del 10 de diciembre la sociedad percibe que la corrupción no tiene penalidades y que los beneficios están "ahí al lado". Y añadió: "Nosotros tenemos que mostrar que esos beneficios son un riesgo para el país, para la empresa y para la persona. En muchos países del mundo, no es que no haya corrupción, la diferencia es el costo. Los riesgos que se asumen son mucho más altos que en la Argentina. Y esto se agravó en el resto de los países de la región, aunque, además, estamos por debajo de la media regional".

Por su parte, Laura Alonso, actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires y designada directora de la Oficina Anticorrupción, dijo: "Cuando hablamos de regímenes de denunciantes de buena fe tenemos que pensar en todo lo que sucedió en estos 12 años en los que al funcionario, no que denunciaba corrupción, sino que marcaba la interferencia política en las estadísticas, por ejemplo, se lo persiguió y se lo denunció, violando todos sus derechos como funcionario y como persona".

Habló también de que es importante "limpiar el terreno, porque el exceso de regulación ha servido para fomentar a la corrupción" y que "ésta cuestión es clave en materia de política exterior".

Garavano agregó que esto es un problema cultural, en el que la corrupción es asumida como algo cotidiano. Se trata de una cuestión que prácticamente no tiene remedio en la percepción del ciudadano común. "Convivimos con gente que sabemos que sus ingresos no son claros. Hay una responsabilidad en la sociedad para acompañar a estos procesos de transparencia. El nuevo presidente va a tener que dar el ejemplo, él y sus funcionarios", concluyó.

¿Siga, siga?

Cambio cultural
Antes de las elecciones, en un encuentro sobre ética y compliance, el designado ministro de Justicia se mostró a favor de un cambio cultural con respecto a la percepción de impunidad que tiene la corrupción en la Argentina. Más herramientas para detectarla y que haya penas efectivas, y hasta la cárcel, fueron una de sus propuestas