El criterio del FMI y los demás acreedores
para la
renegociación de la deuda es simple: la Argentina
deberá pagar lo más que pueda. Para determinar el
número se trazan diversos supuestos. Finalmente, al
flujo de pagos futuros comprometidos se les calcula
el valor presente, y de ahí se infiere la quita
resuntamente otorgada al país en honor a su
insolvencia.
Aunque todos dan por sentado que la Argentina
obtendrá una quita sustancial sobre la deuda externa
instrumentada en bonos actualmente en default,
mencionándose recortes de hasta el 80 por ciento, el
concepto mismo de quita es esquivo y puede
prestarse a manipulaciones. Ya el megacanje mostró,
dos años atrás, cuánto margen tienen los
negociadores para presentar bajo una luz favorable
cualquier clase de acuerdo. En todo caso, en una
renegociación de la deuda –y la argentina será la
mayor de la historia– intervienen numerosos
supuestos. Entre éstos, son decisivos los que llevan
a determinar cuál es el superávit que podrá reunir el
Estado año tras año para destinar esos dólares a los
acreedores. Detrás de tales proyecciones hay
hipótesis, más o menos plausibles, sobre el
crecimiento de la economía, el ajuste fiscal y el
balance de pagos. Pero, además de falibles, no son
magnitudes independientes entre sí: cuantos más
recursos se transfieran en favor de los acreedores,
menos podrá crecer la economía, y cuanto menos
crezca ésta, más difícil será cumplir los compromisos
asumidos. Todo acuerdo, por lo demás, implica
convenir un flujo de pagos en el tiempo, cuyo valor
presente dependerá de la tasa de descuento que se
le aplique. También en esto hay margen para el
arbitrio.
En principio, el criterio del que se parte para modelar
una reprogramación de deuda es el de la capacidad
de pago del país deudor, bajo diversos supuestos y
mediante la aplicación de las políticas que procura
imponerle el Fondo Monetario. La porfía con el FMI
debe llegar a un número, que expresará la cantidad
de dólares que el Estado girará anualmente a sus
acreedores. Esa suma servirá de referencia para
reprogramar los múltiples papeles emitidos, en
diferentes monedas y a disímiles plazos. Pero el
punto de partida es siempre el mismo: cuánto (se
supone que) puede el país pagar. Desde luego, no
cuánto correspondería o sería justo que pague. La
idea es que pague lo más posible.
Ricardo Schefer, profesor de Finanzas de la Ucema,
ensayó un ejercicio numérico sobre la deuda, que
ayuda a comprender cómo se plantea la cuestión.
Parte de suponer que el PBI de 2003, en valores
corrientes, es de 350 mil millones de pesos, y que se
está en condiciones de lograr, en promedio, un
superávit fiscal primario consolidado del 3 por ciento.
Este equivaldría a $ 10.500 millones el primer año, o
u$s 4200 millones si se presume un tipo de cambio
promedio de $ 2,50. Este sería el precio al cual el
Tesoro compraría los dólares, utilizando su ahorro
(superávit).
También puede suponerse que la economía va a
crecer a un ritmo del 3 por ciento anual real, con lo
que esos 4200 millones de excedente, siendo una
proporción constante estimada en relación al
Producto, se expandirán a igual velocidad. Si se
considera un período de tres decenios, habitual
horizonte máximo de las previsiones económicas, en
el año 30 el superávit sería de u$s 10.096 millones.
Este excedente anual, que comienza por 4200 y
culmina en 10.096 millones de dólares, es el número
relevante que miran los acreedores, porque es el
dinero que le quedará a Hacienda, año tras año,
después de haber atendido su gasto operativo y sus
inversiones, dentro de un esquema de ajuste que el
país se comprometerá a respetar con el Fondo
Monetario. El valor de la deuda deriva de ese flujo de
caja.
Sin embargo, para poder establecer el valor presente
de la deuda es preciso aplicarle todavía una tasa de
descuento a ese flujo que se extiende en el tiempo.
Esa tasa de descuento tiene dos componentes: la
espera y el riesgo. Los pagos que se le prometen al
acreedor para fechas futuras valen menos, por esas
dos razones, que si se le efectuaran de entrada. Esto
es normal: toda tasa de interés retribuye una espera,
ya que todo ahorro implica la postergación de algún
consumo y de la satisfacción asociada a éste. A la
recíproca, todo ingreso futuro tiene un valor actual
inferior.
Para determinar la tasa de descuento a aplicar podría
tomarse el rendimiento que obtendrá quien compre
un Boden 2012, que no está endefault. Considerando
la tasa que paga y el precio (bajo la par) al que
cotiza, su tasa de retorno es aproximadamente del
11 por ciento. No tendría sentido tomar como
referencia, por ejemplo, la TIR de 31 por ciento del
bono 2031, fruto de un canje del tándem
Cavallo-Marx, porque el mercado sabe que es
impagable. Quien adquiere ese papel es consciente
de que las condiciones de emisión no están siendo ni
serán cumplidas, y apuesta a la renegociación o a un
eventual reclamo judicial como freerider (astucia de
los bonistas que se automarginan del acuerdo para
exigir a posteriori el cumplimiento de las reglas de
juego originarias).
Con los números arriba indicados, el PBI en el año 1
(actual) sería de 140 mil millones de dólares,
posibilitando un superávit primario de 4200 millones.
Este es todo el dinero disponible para los servicios
de la deuda, incluyendo las tres categorías básicas
en las que ella está dividida. Por un lado, el país
adeuda u$s 35 mil millones a los organismos
multilaterales, con una tasa de interés media de
aproximadamente 8 por ciento. Esto significa una
factura de 2625 millones. Pero además están los u$s
22 mil millones de deuda pesificada, que paga 2 por
ciento, con un servicio anual de 449 millones.
Por tanto, para atender los servicios financieros de
los bonos en default, que suman u$s 77 mil millones,
quedan sólo 1126 millones en el primer año. Esto es
mucho menos que lo prometido en esos papeles, que
ascendía a un descabellado 12 por ciento anual, o
9240 millones de dólares por año de manera fija. La
diferencia es que, con el nuevo esquema, basado en
la capacidad de pago que surge del superávit
primario, el servicio anual va aumentando casi tanto
como los dólares del excedente fiscal, ya que los
pagos a organismos son constantes.
La quita sobre el valor nominal de los bonos es en
este caso del 73 por ciento, aplicando la tasa de
descuento arriba señalada. Para este ejercicio se
supuso que sólo se pagan intereses, de manera que
en el año 30 seguirá adeudándose todo el capital.
Sin embargo, éste se habrá licuado considerablemente
en términos del PBI, cayendo de representar un 96 por
ciento del Producto a sólo 23 por ciento.
Obviamente, para realizar esa estimación pueden
utilizarse criterios muy diferentes y trazar supuestos
relativamente sensatos, dentro de la incertidumbre
que envuelve cualquier cálculo económico extendido
en el tiempo, con múltiples variables más o menos
imprevisibles interactuando. Pero de algún modo
habrá que estimar el valor presente, y de hecho lo
hacen los mercados cuando hoy cotizan los títulos
argentinos a un tercio de su valor nominal. Lo que se
ve en las pizarras es, en el fondo, una hipótesis
sobre las posibilidades de este país.
La misma quita puede alcanzarse por caminos
diversos, que pueden ser alternativos o
complementarios. Uno es podar el capital adeudado.
Otro, canjear los viejos y múltiples bonos por otros
nuevos que paguen cupones más modestos.
También es posible valerse de la variable tiempo,
introduciendo un período de gracia inicial o
repartiendo la deuda en más cuotas. La Argentina
seguramente ofrecerá un menú muy variado, y cada
acreedor verá cuál se acomoda mejor a sus
necesidades.
Schefer aclara que su ejercicio supone una tasa
constante de crecimiento anual (3 por ciento real),
pero que lo más probable es que haya años mejores
y peores, e incluso alguno con caída en el PBI, lo que
afectaría severamente la capacidad de pago. Esto
añade un factor de aleatoriedad a las proyecciones.
Otra cuestión, referida ésta al riesgo, es si resulta
más probable cobrar las cuotas cercanas o las más
distantes en el tiempo. Según explica Schefer,
cualquier deudor insolvente –trátese de un país o de
una empresa– enfrenta mayores descuentos en
plazos cortos que largos: “Se supone que mañana
seguro no cumplen, pero en diez años quizás sí”.
Esta fe en la resurrección también se aplica al caso
argentino. Por eso los bonos de mayor plazo tienen
una TIR, o riesgo país, inferior a la de los papeles de
vencimiento más próximo.