Los programas de extensión rural deben ser evaluados

La Nación. 18 de marzo de 2017.

El monto total de recursos públicos asignados al sector agropecuario equivale a 600-700 millones de dólares anuales, de los cuales unos 300 millones corresponden al INTA, 200 al Senasa y el resto a programas diversos. Estas estimaciones constituyen un piso de los montos efectivamente otorgados, y son consecuencia del incremento sustancial de las asignaciones recibidas por estos organismos desde 2005. A título comparativo, y en forma aproximada, la "renta" del sector agropecuario ronda los US$ 8000 millones. De esta forma, los 600-700 millones asignados a gasto público agropecuario representan entre el 8 y 9% de la renta total, una cifra nada despreciable.

Los programas públicos de extensión rural -de los cuales el del INTA es por lejos el más importante- constituyen un interesante caso de análisis. En efecto, estos servicios pasaron de recibir unos 80 millones de dólares en 2007 a más de 180 millones siete años más tarde, una más que duplicación presupuestaria.

Una investigación realizada en la Ucema con datos de la pradera pampeana muestra que ya en 2002 el 40% de las empresas menores a 200 ha, y el 80% mayores a las 2000 ha recibían algún tipo de asesoramiento privado. En contraste con lo anterior, para el caso de la extensión pública, menos del 10% de las empresas (sean pequeñas o grandes) tenían contacto con esta fuente de información. La fuerte predominancia de canales privados de información se cumple tanto para empresas agrícolas como ganaderas. En la década y media transcurrida del 2002 a la fecha, es de esperar que un porcentaje aún mayor de empresas - sea cual fuere su tamaño - cuente con fuentes privadas de información.

La conclusión de lo anterior resulta clara: la rentabilidad de los recursos públicos asignados a servicios de extensión rural (actualmente unos 180 millones de dólares anuales) debería ser motivo de escrutinio. Lo anterior no necesariamente implica eliminar proyectos y actividades, sino más bien analizar cuáles son los mecanismos de transferencia tecnológica mejor adaptados a las realidades del siglo XXI, y de qué forma el financiamiento público puede contribuir a desarrollar éstos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Agricultura, asigna una parte importante de sus recursos no en forma automática sino a través de mecanismos competitivos a los cuales acceden universidades, laboratorios, profesionales independientes y otros actores.

La posibilidad de canalizar, aún, una parte del presupuesto público a proyectos presentados por agentes no-gubernamentales o universidades, puede mejorar en forma sustancial la relación beneficio/costo de los fondos públicos disponibles.

Los programas de transferencia tecnológica - sean de gestión pública o privada - deben evaluarse en forma periódica: "lo que no se mide no puede mejorarse". La evaluación requiere que se compare la situación existente antes de la intervención (inyección de recursos humanos y financieros) con la existente luego de ella. El impacto obtenido se resume en medidas económico-financieras de beneficio/costo, como así también en otras dimensiones. Los varios cientos de millones de dólares canalizados a gasto público agropecuario justifican un esfuerzo significativo en esta dirección.