Energía: costos altos y tarifas bajas son el resultado de la intervención estatal

Infobae. 17 de agosto de 2016.

Petróleo, electricidad y gas tienen tarifas que pagan los consumidores, pero no tienen relación con los costos en que incurren los productores. Costos y tarifas divergen notablemente y se compensan con una maraña de subsidios. El Estado define precios a los productores y tarifas a los consumidores, con lo que crea todo tipo de asimetrías y desincentivos. Costos, precios, tarifas y subsidios son un verdadero enredo.

Luego de años de precios artificiales, ridículamente bajos para los productores de petróleo, se revirtió la situación y se dispuso, en 2015, un "precio sostén", también artificial pero de signo contrario, para el crudo de producción nacional, que actualmente es de 67,50 dólares por barril para la variedad Medanito y de 57 dólares por barril para la Escalante. El precio internacional, a fines de julio de este año, fue mucho más bajo: 41,60 dólares por barril para el WTI y 42,46 dólares por barril para el Brendt. Es decir, la intervención estatal obliga a pagar un crudo un 60% más que el precio internacional, y todos lo pagamos en el consumo de combustibles.

El costo promedio del gas natural convencional en boca de pozo ronda los 5,20 dólares por MMBtu. Si a este costo se adicionan los subsidios económicos que paga el Estado para incentivar el gas nuevo y el gas no convencional, ese promedio se eleva a 6,38 dólares por MMBtu a fines de julio. En esa misma fecha, el precio del gas natural NYMEX fue de 2,62 dólares por MMBtu, el costo del gas importado de Bolivia fue de 3,02 dólares por MMBtu, el costo del LNG fue de 4,93 y 4,30 dólares por MMBtu para los embarques a Bahía Blanca y Escobar, respectivamente. Otra vez, la intervención estatal determina que el costo del gas argentino sea un 30% más caro que el LNG y un 111% más caro que el gas boliviano.

El precio monómico medio de la electricidad en nuestro país se ubica en el orden de los 90 dólares por MWh, sin considerar los costos de los combustibles provistos por Cammesa. En los países vecinos, los valores son similares, pero incluyen todos los costos de generación. La nueva energía eólica en Perú cuesta 38 dólares MWh y en Chile están licitando nuevas energías térmicas con un pronóstico de precios del orden de los 65 dólares por MWh. No está definido aún el precio de las próximas licitaciones de energía (térmicas y no renovables) convocadas por el Gobierno, que disponen que el Estado sea también el comprador de la energía, lo que aumenta su intervención en el Ministerio de Energía y Minería.

Es decir, los precios que ahora reciben los productores son más altos que los internacionales, mientras que durante años fueron bajísimos, lo que les impidió aprovechar la ola de crecimiento y avance tecnológico que hubo en el mundo. Pagamos carísimo la nafta y baratísimo el gas y la electricidad.

Es insensato que lo que se compra muy caro se venda muy barato. Las tarifas que los usuarios residenciales del gas natural pagamos en nuestro país son un tercio del promedio de la región. Nuestros vecinos brasileños pagan casi seis veces más, los uruguayos, 5,5 y los chilenos, 3,5. Las tarifas residenciales promedio de la electricidad que pagamos en Argentina se ubican en el 50% del valor medio que pagan nuestros vecinos sudamericanos (ya se entendió la idea con el enunciado anterior).

Las tarifas, tanto de gas como de electricidad, están congeladas en pesos desde el 2002, a partir de la sanción de la ley de emergencia. Hasta ahora, ningún gobierno ha resuelto la renegociación de los contratos que esta ley dispone, tampoco la revisión integral de tarifas que establecen los marcos regulatorios. La intervención estatal ha impedido a las concesionarias y las licenciatarias la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable. La compensación del descalce entre costos altos y tarifas bajas explica los casi cien mil millones de dólares que el Estado destinó en subsidios económicos desde 2005.

No hace tantos años, cuando el mercado energético argentino funcionaba en un ambiente desregulado y con un Estado que cumplía con sus papeles reguladores sin intervención económica, las reservas aumentaban, la producción era superavitaria respecto de la demanda y eso posibilitaba la exportación de energía; las tarifas eran acomodadas a los bolsillos de los consumidores y había un consumo mucho más racional que ahora. Sí, había mucho por mejorar. Pero durante casi 15 años tuvimos una fuerte intervención del Estado en los mercados energéticos que logró que las reservas no paren de caer, las producciones sean insuficientes para atender a la demanda y, en consecuencia, cada día dependamos más de las importaciones de energía, con el agravante de que las tarifas tan atrasadas afectan la calidad de los servicios, perjudican a todos los usuarios, sin excepción. Y lo más terrible e inexplicable: se dilapidaron recursos, se deterioró la salud fiscal de la república.

No saldremos de este embrollo si pretendemos que la Justicia defina precios. El camino para volver a crecer pasará por respetar el sentido común o, si eso fuera demasiado difícil, por respetar las leyes fundamentales de la economía, los marcos regulatorios y los contratos.

Los autores son docentes de la Universidad del CEMA.