Tributación sin representación

Clarin. 26 de diciembre de 2017.

A pesar de significativos avances este año, quedan importantes asuntos pendientes para 2018. Vidal desistió de su reclamo por el Fondo del Conurbano ($54 mil millones en 2017 según la ley de presupuesto) y la deuda acumulada entre 2011 y 2016. A cambio se eliminarían los Fondos del Conurbano y de Infraestructura Social (que suman el 14% del impuesto a las ganancias). La provincia de Buenos Aires recibía menos del 1% de estos fondos y ahora recibiría un 22% según la ley de coparticipación de 1988.

Se convino que la Nación de a la provincia de Buenos Aires $40 mil millones adicionales en 2018 y $65 mil millones en 2019. La razón es simple: a pesar de tener 42% de la población provincial, en 2016 recibió 19% de los fondos coparticipados (por habitante, es un tercio de lo que recibieron el resto de las provincias). El 22% de los fondos coparticipables tampoco resuelve el problema (por habitante implica menos del 40% de lo que reciben las otras provincias).

Las compensaciones para los años 2018 y 2019 son un arreglo transitorio mientras no se sancione una nueva ley de coparticipación. El régimen de coparticipación de 1988 es inconstitucional desde el 1º de enero de 1997. No cumple con lo que exige la Constitución Nacional: basarse en criterios objetivos, equitativos y solidarios de reparto. La fórmula del último régimen de coparticipación basado en un criterio objetivo, la de 1973, implicaría que la provincia de Buenos Aires recibiera el 28% de los fondos coparticipados, pero si se tomara en cuenta que, a diferencia de 1973, la provincia no es hoy más adelantada que el resto, tendría que recibir en cambio 38% del total. Esta inequidad explica por qué la Corte Suprema instó en 2015 al Congreso de la Nación a sancionar una nueva ley de coparticipación.

Antes de discutir una nueva ley de coparticipación en el Congreso, hace falta corregir una anomalía heredada del último gobierno de facto: desde 1983 los distritos más poblados están subrepresentados en la Cámara de Diputados. Está subrepresentado el pueblo de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta, que tienen 124 bancas (48%) en lugar de las 161 bancas (63%) que les corresponden según la Constitución Nacional. Un número de diputados no proporcional a la población viola además el principio de que el gobierno de la Nación es representativo, porque una minoría de la población hoy controla ambas cámaras del Congreso.

Una nación con gobierno republicano, federal y representativo no puede poner de rodillas a ninguna de sus provincias, ni negarle en forma inconstitucional la voz a una mayoría de su población en el Congreso de la Nación. Hace falta reformar la representación en la Cámara de Diputados para que tengamos a partir de 2019 un Congreso representativo, a diferencia del que sancionó la inequitativa ley de coparticipación de 1988 todavía vigente. Si una mayoría del pueblo no puede decidir ni cuánto se paga de impuestos ni cómo se gasta, nuestro federalismo tampoco tiene destino.