Una coparticipación equitativa y solidaria

Clarín. 14 de agosto de 2017.

Nuestra Constitución Nacional mandó sancionar una ley de coparticipación de impuestos equitativa, solidaria y que priorice un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, usando criterios objetivos de reparto.

Un principio redistributivo simple es que las provincias reciban los mismos recursos por habitante, sin importar cuánto aportan. Por caso, si hay dos provincias de igual tamaño, una que aporta 8000 y otra 2000 pesos por habitante, ambas recibirían 5000 pesos por habitante. Si los aportes son en función de su riqueza (incluyendo ingresos como rentas mineras), el sistema es solidario. Si la distribución de recursos posibilita proveer la misma calidad de bienes públicos en todo el territorio nacional, el sistema es equitativo, fomentando la igualdad de oportunidades de desarrollo. Este principio se debe ajustar por diferencias en los costos de provisión, como en la ley de 1973 que destinaba 10% de los recursos a las provincias de baja densidad.

A la luz de este criterio objetivo de reparto, la inequidad de la actual distribución bruta de recursos salta a la vista: la provincia de Buenos Aires recibió en 2016 un tercio de los recursos por habitante, en comparación con el resto de las provincias. En términos del promedio nacional de 100, Buenos Aires recibió 45, Catamarca 267, Chaco 176, Chubut 118, Córdoba 109, Corrientes 142, Entre Ríos 145, Formosa 252, Jujuy 156, La Pampa 212, La Rioja 225, Mendoza 88, Misiones 115, Neuquén 121, Rio Negro 146, Salta 120, San Juan 180, San Luis 219, Santa Cruz 214, Santa Fe 117, Santiago del Estero 175, Tierra del Fuego 367 y Tucumán 121.

El actual régimen de coparticipación hizo fiscalmente inviable a la provincia de Buenos Aires y, en contraste, en las provincias donde llueven fondos del cielo (que incluyen algunas de las más ricas del país) dio un aplastante poder económico a los gobernadores frente al sector privado, permitiéndoles ampliar el empleo público para lograr apoyo político y mayorías abrumadoras en el poder legislativo, abriendo paso a reelecciones indefinidas y al control de la justicia local.

Por la reforma constitucional de 1994, este régimen estaba asegurado hasta fines de 1996 pero se volvió inconstitucional a partir del 1º de enero de 1997 porque viola los mandatos constitucionales. Superando años de parálisis, en 2016 la provincia de Buenos Aires reclamó ante la Corte Suprema por la distribución del impuesto a las ganancias (Fondo del Conurbano y otro fondo). Esto solo cuestiona un parche al perverso régimen actual que condena a la provincia, que más impuestos aporta, a no proveer infraestructura, salud, educación y seguridad pública de calidad a sus ciudadanos. Pateando el tablero, la provincia debe reclamar incansablemente por todo medio legítimo una nueva ley convenio que respete los derechos constitucionales de sus ciudadanos.

Nota en Clarin