Se busca procurador honesto e imparcial

Clarín. 11 de noviembre de 2017.

El artículo 120 de la Constitución expresa que el Ministerio Público es un órgano que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Tamaña responsabilidad para su titular, el procurador General de la Nación, encargado de la acción de los fiscales (funcionarios que en los procesos penales llevan adelante la investigación de los delitos).

Sorprendió a todo el país la renuncia de la responsable de ese organismo, la Dra. Gils Carbó, quien había manifestado en más de una oportunidad que estaba dispuesta a resistir cualquier pedido de renuncia, pues su cargo era vitalicio.

Las imputaciones de sus detractores habían comenzado a fluir con el cambio de gobierno ¿De qué se la acusaba? De tomar al Ministerio Público como una repartición kirchnerista, que con importante apoyo de las más altas autoridades del país protegió a amigos del poder. El propio Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires solicitó el juicio político de Gils Carbó ante la Cámara de Diputados.

Ella fue quien fundó Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales que se proponía democratizar el poder judicial e impulsar una justicia independiente y transparente, pero que en la práctica resultó ser una agrupación afín al kirchnerismo.

Hay más. Gils Carbó fue procesada por el juez federal Ercolini por la compra de un inmueble para el organismo, sobre el cual un familiar del subdirector general de la Procuración a cargo de la transacción -nombrado por la misma Gils Carbó- cobró una comisión millonaria. Nada raro: corrupción más conflicto de intereses.

Gils Carbó, voluntaria o involuntariamente, había quedado atada a un contexto ideológico de intereses -con los que se puede estar de acuerdo o no- pero que claramente resultaban ser parciales. Y era precisamente la imparcialidad el atributo esencial que su función requería.

El desafío del actual gobierno será no caer en una situación similar, eligiendo un procurador afín.

Luego de estos veintidós meses de resonante parcialidad en esta función, la sociedad está atenta y reclama una figura en Justicia que sea independiente, íntegra, con capacidad de investigar a fondo, sin condicionamientos, y que de una vez por todas deje de lado las filiaciones políticas y ponga en jaque cualquier irregularidad, sea de quien fuere.

Una república requiere de sus jueces y fiscales un compromiso sólido e inequívoco con la justicia y con la ética. Ese compromiso debe transmitirse en la transparencia e imparcialidad de sus actos. Y ello es así, no porque sean valores que declamamos desde el “deber ser”, sino porque son los únicos pilares sobre los que es posible construir la confianza ciudadana en las instituciones que requiere el funcionamiento y sustentabilidad de una verdadera democracia.

Columna escrita junto a Mariana Idrogo, profesora de la Universidad del CEMA a cargo de la capacitación a Jueces y Fiscales junto con la Asociación Argentina de Ética y Compliance.