¿Reforma previsional o sólo modificaciones?

Ámbito Financiero. 5 de diciembre de 2017.

Lo que inicialmente se anunció como una reforma previsional parecería no ser más que un conjunto de modificaciones sobre el sistema jubilatorio. El cambio clave que ha sido eje en la negociación entre el Gobierno nacional y las provincias ha sido la movilidad de los haberes.

Desde marzo de 2009 y hasta septiembre de este año, los haberes jubilatorios se actualizaron semestralmente según una fórmula que considera la recaudación destinada a ANSES por beneficio (50%) y la variación de los salarios (50%). Lo que recientemente aprobó el Senado es una fórmula donde los haberes se actualizan trimestralmente, combinando la inflación (70%) y la variación de los salarios de los trabajadores formales, RIPTE (30%). La ventaja de esta reformulación es que los jubilados tendrán que esperar menos para que sus haberes se actualicen (siempre que en marzo de 2018 se otorgue la movilidad que corresponde al semestre julio-diciembre 2017) y su cálculo es más directo. Sin embargo, este cálculo requiere que el aumento de los salarios sea igual o mayor que la inflación, para que los beneficios no pierdan poder adquisitivo. Por eso, se podría pensar en incluir en la fórmula una restricción que establezca que si la nueva movilidad es menor que la inflación, se otorgue la inflación.

Asimismo, el proyecto busca garantizar el 82% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) para aquellos beneficiarios que aportaron 30 años. Con la creación de la pensión universal para adultos mayores (PUAM), que otorga una prestación a los mayores de 65 años sin beneficio previsional, se supone que ya no se crearán nuevas moratorias. Y dado que las actuales altas por moratoria tienden a desaparecer, ¿tiene sentido diferenciar el haber mínimo según se trate de beneficios por moratoria o no? Más aún, si se piensa en un futuro sistema donde el pilar universal sea la PUAM, seguido por pilares contributivos, cuyo monto equivale al 80% del haber mínimo, entonces habría un pilar universal diferente para quienes hayan aportado 30 años (esto es, 80% del 82% del SMVM) y para quienes tengan menos aportes (80% del haber mínimo que puede ser igual o menor al 82% del SMVM).

Otro aspecto que incluye la discusión es la eliminación del tope móvil que tienen los salarios a partir del cual se calcula el 11% de aporte personal al SIPA. Actualmente dicho tope es de $81.918, lo que significa un aporte de $9.011 para toda aquella remuneración que supere el límite. La lógica de ese techo se vincula con la existencia de un tope en las jubilaciones (actualmente, la jubilación máxima es de $53.090) que, de eliminarse, también debería eliminarse para la jubilación ordinaria, cuestión que no se encuentra especificada en el proyecto.

Por último, el proyecto establece la posibilidad de retiro a los 70 años. Es claro que en un contexto donde la jubilación representa en promedio 60% del salario, muchos asalariados preferirán permanecer en el mercado de trabajo. Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuál es el aporte en términos de productividad de estos trabajadores en comparación con trabajadores más jóvenes que puedan ingresar al mundo laboral? Si bien en términos macroeconómicos retrasar la edad de retiro podría aliviar las cuentas del sector público, los potenciales beneficios fiscales se desvanecen en una situación como la actual, con alto desempleo entre los jóvenes.

Pensar el sistema previsional exige una visión integral. Es vital enmarcar las transiciones en el contexto general para no tener que, en el mediano plazo, reformar lo reformado.