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Por otra parte, y como ya se señaló, el argumento británico había
evolucionado considerablemente desde la antigua y poco sofisticada reivindicación del
título histórico anterior a 1774 (cuando los británicos abandonaron Puerto Egmont),
hasta la vuelta de tuerca de que, aunque el título histórico no fuese perfecto, cien
años de ocupación ininterrumpida otorgaban derechos.
Por cierto, en un contexto de cambios de estrategia británicos y
considerable complacencia argentina, lo único verdaderamente constante hasta la Segunda
Guerra Mundial fue la firme negativa británica de discutir con la Argentina la soberanía
sobre las Islas Malvinas. Por lo demás, su explicable rechazo a la oferta argentina de
someter el caso a arbitraje (sumado al contenido de varios documentos británicos claves)
arroja fuertes sospechas sobre la seguridad del gobierno británico acerca de la validez
de sus títulos (1).
Una pregunta quizás obvia es por qué el gobierno argentino no
reclamó las Malvinas con mayor energía y frecuencia durante las últimas décadas del
siglo pasado y las tres primeras del actual. Una repuesta convincente es la de los autores
Hoffman y Hoffman, que centran su explicación en razones de crecimiento económico:
Es probable que en esa época la gente del gobierno pensara que era mejor no complicar las cosas con firmes demandas para que se le devolvieran las islas, porque con ayuda de Gran Bretaña la Argentina estaba experimentando un crecimiento económico casi inigualado en el mundo. Desde la década de 1860 las inversiones se habían incrementado enormemente. Por consiguiente, en general y hasta la década de 1940, los gobiernos argentinos no eran necesariamente pro-británicos, pero al menos no se opusieron a la abrumadora supremacía inglesa sobre la vida económica del país (2).
Después de la Segunda Guerra Mundial el poder de Gran Bretaña
declinó, el vínculo económico entre la Argentina y el Reino Unido se deterioró, y esta
postura argentina cambió. Así, los niveles de confrontación crecieron conforme
decrecía la presencia económica británica en el país (3).
Resta, finalmente, preguntarse acerca del efecto sobre los derechos de
la Argentina que pudieron tener los largos períodos de inactividad diplomática en torno
del tema Malvinas. Según un analista agudo como Gustafson, el hecho de que la Argentina
no haya reclamado durante 1849 y 1884, y entre 1888 y 1908, no debilita sus reclamos
porque ésta ya había sostenido en 1849 que la ausencia de futuros reclamos no
significaba que el país abandonaba sus reclamos. Además, existe consenso entre los
especialistas del derecho internacional acerca de que para que la prescripción de un
título prospere deberían pasar no menos de cincuenta años sin reclamo. Según la
argumentación argentina, sólo transcurrieron treinta y cinco años, y aunque no se
contabilice la protesta a Italia de 1908, el máximo número de años transcurridos sin
protesta argentina fue cuarenta. Además, la tesis británica de la prescripción
adquisitiva se ve debilitada por el hecho de que la Argentina no firmó tratado alguno que
implicara reconocimiento para Gran Bretaña.
También es preciso recordar que la noción de prescripción
adquisitiva se podría aplicar en contra de Gran Bretaña por su falta de reclamos entre
1774 y 1829, período que (al contrario del caso de la Argentina) sí supera los cincuenta
años exigidos por el derecho internacional (4). De tal modo, todos los argumentos
británicos basados en sus derechos previos a 1774 carecerían de valor, precisamente por
el uso británico de la tesis de la prescripción adquisitiva, y (descartada la tesis de res
nullius en 1833) sólo les quedaría el derecho de conquista a partir de 1833, sin
prescripción adquisitiva, debido a que nunca transcurrieron cincuenta años entre
protestas argentina consecutivas, y debido también a la ausencia de un tratado
legitimador como aquellos por los cuales España cedió a Gibraltar, Bolivia cedió su
litoral marítimo, y Paraguay cedió a Formosa y Candelaria (a la Argentina).
De cualquier modo, y sea cual fuere la evaluación que cada observador
parcial o imparcial haga del conjunto total de antecedentes, lo cierto es que el litigio
de Malvinas generó niveles muy bajos de confrontación hasta la fecha que elegimos para
dar término a este capítulo, adjudicándole el gobierno argentino una muy baja prioridad
en el contexto de sus políticas exteriores, para las cuales la buena relación económica
y política con Gran Bretaña era esencial. Contrariamente, el período que se inicia a
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial mostrará que, a pesar de una mejor
predisposición de Gran Bretaña para negociar, los niveles de conflicto crecerían hasta
dispararse en 1982.
L.S. Gustafson, op. cit., p. 33.
Fritz Hoffmann y Olga Hoffmann, Soberanía en disputa. Las Malvinas/Falklands, 1493-1982, Buenos Aires, Instituto de Publicaciones Navales, 1992, pp. 101-102.
A pesar de los roces, ambos gobiernos decidieron adoptar mutuamente como curso de acción políticas amigables en función de la complementariedad de sus economías. P.B. Goodwin, op. cit., p. 45.
L.S. Gustafson, op. cit., pp. 34-35.
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